Regulación y periodismo en Bolivia. Alcances y límites

Resumen

Este estudio se basa en la hipótesis de que la inclusión constitucional del derecho a la información y la comunicación, así como la legislación conexa que se ha promulgado en Bolivia desde el año 2009 a la fecha hoy son insuficientes, porque no garantizan el respeto de las prerrogativas del periodista y tampoco las facultades de los otros actores de los procesos informativos, los ciudadanos y el Estado. Esto se puede evidenciar al comparar la legislación mencionada con lo que fijan en la materia los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, referente continental en el tema. Así, la presente tesis doctoral se plantea como fin objetivo principal establecer un balance actualizado de la aplicación positiva, la jurisprudencia y la doctrina respecto de la legislación que regula la actividad periodística en Bolivia, en el entendido de evaluar las garantías legales que ofrece el Estado boliviano para el ejercicio de la profesión y, a partir de ello, evaluar si es necesaria o no una propuesta de modificación de la legislación referida al periodismo en Bolivia. La principal conclusión es que existe la necesidad de plantear en la tesis una propuesta (de lege ferenda) para la mejora de la legislación periodística actualmente vigente en Bolivia, que a nivel de la Constitución Política del Estado Plurinacional, amplíe la cobertura del derecho fundamental a la libertad de expresión, eleve la jerarquía de los tratados internacionales en la materia, elimine completamente el control previo directo e indirecto de las publicaciones periodísticas y proteja de manera más específica la intimidad de los ciudadanos y se recomienda que la nueva Ley de Medios que está proyectando el gobierno boliviano incluya explícitamente los cuatro derechos y obligaciones fundamentales de los periodistas que establece el Marco Jurídico Interamericano: derecho a la protección especial de la libertad de expresión sobre todos los asuntos de interés público, derecho a la protección contra restricciones indirectas de cualquier índole, la obligación de regirse por conductas éticas en el desarrollo de su labor informativa, y derecho de acceso a la información pública.