La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza y la política bibliotecaria durante la Guerra Civil (1936-1939)

Resumen

El impacto de la Guerra Civil Española (1936-1939) sobre las actividades de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza atraviesa dos etapas claramente diferenciadas. La primera, que transcurre entre su inicio en 1936 y el mes de marzo de 1938, se caracteriza por un paulatino crecimiento de la influencia del centro en el desarrollo de la política bibliotecaria del bando nacional, gracias a la presencia de Miguel Artigas y Miguel Gómez del Campillo, Inspectores Generales de Bibliotecas y Archivos respectivamente. Durante esa fase, Zaragoza se erige en un laboratorio de ideas desde el que se diseñarán diversas propuestas teóricas en el campo de la biblioteconomía. Por su parte la segunda época abarca desde marzo de 1938 hasta el final de la contienda, caracterizada por la constitución del primer gobierno de Burgos y el ascenso a la jefatura de Archivos, Bibliotecas y Museos de Javier Lasso de la Vega. Esta circunstancia significará el fin de la etapa de esplendor de la BUZ. Artigas, Inspector General de Bibliotecas, ocupó provisionalmente la jefatura del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y trató de aplicar una política de reformas adecuada al contexto. Su máxima preocupación fue reivindicar el papel del Cuerpo de Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, tanto en el desarrollo de la política cultural del bando nacional como en su importancia en la emergente estructura administrativa. Sin embargo, la limitada implicación y apoyo de las autoridades, la intromisión del poder político en los nombramientos y la escasez de medios económicos impidieron que las medidas tuvieran éxito, quedándose tan sólo en una declaración de intenciones. También jugó un importante papel en la reorganización administrativa que tuvo lugar desde marzo de 1938 hasta el final de la guerra dirigida por Javier Lasso de la Vega, desde la Jefatura de Archivos y Bibliotecas,quien buscó el apoyo de Artigas y Gómez del Campillo en la elaboración de un programa de actuaciones que impulsara el protagonismo del Cuerpo Facultativo que, sin embargo, no tuvo prácticamente ninguna repercusión puesto que los objetivos culturales del Nuevo Estado marginaban tanto a los archivos como a las bibliotecas en beneficio del mayor impacto propagandístico de las obras de arte. Durante la etapa estudiada se distinguen dos tipos de actividades o servicios desarrollados por la biblioteca: los externos, impulsados por el devenir de la guerra y que finalizaron con el triunfo del bando nacional (Servicio de Lecturas del Soldado, Comisión Depuradora de Bibliotecas y colaboración con la Auditoría de Guerra); y los bibliotecarios propiamente dichos que, a pesar de ser alterados por el enfrentamiento, se mantuvieron más o menos estables a lo largo del mismo. El Servicio de Lecturas del Soldado y la Comisión Depuradora de Bibliotecas fueron los órganos creados adhoc por la política cultural de los sublevados en los que participó activamente la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. El primero dirigía sus objetivos tanto a desarrollar la lectura como terapia de los heridos y convalecientes, como a mantener y reforzar su moral mediante una bibliografía dirigida y controlada. La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza albergó el primero creado en la España nacional, convirtiéndose, junto con el de Sevilla, en uno de los más dinámicos y eficaces, en gran parte debido a la capacidad gestora de Aurea Javierre. Pese a ello, la carencia de medios de transporte, la escasa implicación de buena parte de las autoridades y la falta de homogeneidad tanto en la estrategia de captación de fondos como en la aplicación de criterios censores, resultaron obstáculos insalvables que condujeron incluso a especular con el tránsito a otro modelo de actuación, más cercano al desarrollado por la Alemania nazi, durante la etapa de Javier Lasso de la Vega. La Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito de Zaragoza tuvo como sede la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, presidida por Pascual Galindo, vicerrector de la misma y notable latinista. Sus objetivos eran por un lado desmantelar las Bibliotecas de Misiones Pedagógicas, creadas por la Segunda República, y por otro, mantener alejados a los potenciales lectores de obras consideradas nocivas y contrarias a los principios ideológicos del Nuevo Estado, custodiándolas en lugares reservados dentro de las bibliotecas universitarias. El nuevo organismo controlaba un vasto territorio permeable y determinado por el avance de las tropas franquistas, que comprendía localidades de Aragón, Soria, Guadalajara y Logroño. Los resultados de su labor censora se ven reflejados en un catálogo que contiene 802 obras, sobre todo de contenido literario, custodiadas en la biblioteca universitaria, y de uso restringido. El total de las localidades afectadas por sus actividades alcanza la cifra de 277, con un total de 310 bibliotecas, la gran mayoría procedentes de las Bibliotecas de Misiones Pedagógicas. La participación de los facultativos como auxiliares en la Auditoría de Guerra motivó numerosas quejas ante las autoridades del bando nacional, tanto de Miguel Artigas como de Miguel Gómez del Campillo, en su calidad de Inspectores de Bibliotecas y Archivos respectivamente, por cuanto consideraban una infrautilización su presencia en dichos órganos al asumir funciones exclusivamente administrativas, en perjuicio de las bibliotecas y archivos donde estaban adscritos. Son constantes los oficios e interpelaciones para evitar, o cuando menos reducir, tanto la dedicación del personal como el número de horas destinadas a tal efecto, sin que ello produjera ninguna modificación en la política de guerra del gobierno franquista. Por su parte, los servicios bibliotecarios ordinarios del centro universitario zaragozano, aunque lógicamente afectados por la guerra, no sólo no se paralizaron, sino que incluso algunas actividades como la catalogación de obras del fondo antiguo o el número de préstamos, experimentaron un notable incremento. A ello debemos añadir la participación activa en la difusión y fomento de un nuevo concepto de cultura y educación cimentados en la ideología del Nuevo Estado. Sin embargo, los servicios de lectura en sala y las adquisiciones y compras de fondos vieron reducidas sus estadísticas, más susceptibles al transcurso de la contienda. La tendencia a reducir el papel de las bibliotecas generales o centrales en beneficio de las de los seminarios o las facultades, ya observada antes de iniciarse la guerra, tuvo también su reflejo en la Universidad de Zaragoza, auspiciada tanto por el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Riba García, como por Miguel Gómez del Campillo, Inspector General de Bibliotecas y Archivos. Zaragoza se convirtió en el escenario de un conflicto entre corrientes biblioteconómicas divergentes, personificadas en Lasso de la Vega y en Miguel Artigas. El primero, de sólida y marcada influencia anglosajona, pretendió establecer un ambicioso plan de reformas de la política archivística y bibliotecaria tras su nombramiento como Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual en marzo de 1938, promovido por el ministro Sáinz Rodríguez. Por su parte, Artigas, quien ya había protagonizado un proyecto reformista tras su nombramiento como director de la Biblioteca Nacional durante la época republicana, aunque consciente de las bondades del modelo, era más partidario de un proceso gradual de adaptación de los listados de encabezamientos, consciente de que muchos de los establecimientos y centros carecían de instrumentos descriptivos adecuados sobre los que asentar la tentativa unificadora. Pese a la Guerra Civil y al recelo señalado, progresivamente se fueron adoptando fórmulas de clasificación y ordenación más cercanas al modelo anglosajón, como muestra la aplicación de la CDU desde 1939. Ello nos permite aseverar que muchas de las líneas de actuación marcadas por las autoridades del bando nacional en el campo de la política cultura y bibliotecaria fueron matizadas en su ejecución por parte de los profesionales y facultativos, que utilizaban su mayor conocimiento de la materia para intentar su transformación desde dentro. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se vio sacudido por los acontecimientos derivados del levantamiento militar de 18 de julio de 1936. Algunos de sus miembros se posicionaron políticamente en base a unas sólidas convicciones ideológicas que les condujeron bien a apoyar y legitimar al ejército sublevado o bien a mantener fidelidad a la República. Otros abrazaron sus ideales arropados en un posibilismo necesario y consciente, en el que el pragmatismo aconsejaba la adaptación a tiempos convulsos. Pero, en cualquier caso, sus actividades estuvieron condicionadas y determinadas por el conflicto. Ni las reformas diseñadas por Lasso de la Vega, muy condicionadas por la realidad circundante, ni los servicios ordinarios de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, debilitados tanto por el esfuerzo demandado por unos organismos creados con un criterio finalista e instrumental (Servicio de Lecturas del Soldado, Auditoría de Guerra o Comisión Depuradora), como por el propio impacto de la guerra, encontraron un cauce adecuado. La intensidad del contexto impidió su aplicación efectiva, aunque estableció los cimientos ideológicos y teóricos sobre los que se iba a sustentar la política bibliotecaria del Nuevo Estado. Desde el punto de vista bibliográfico, podemos constatar que existe cierto vacío historiográfico relativo a la función y actividades de las bibliotecas en general, y de las universitarias en particular, en uno de los períodos de mayor convulsión en la historia de España, el primer tercio del siglo XX y la Guerra Civil. La mayoría de los estudios existentes abordan de manera parcial y generalista el estudio de las mismas, integrados en lo que se ha venido denominando política cultural del franquismo, o en el análisis global de los centros universitarios de los que forman o han formado parte. La incorporación de estudios centrados en la realidad de las bibliotecas españolas durante la guerra civil es un fenómeno mucho más reciente. Un hito fundamental lo constituye la tesis doctoral de Alicia Alted (1984), que se erige en el primer intento de reconstrucción del armazón institucional creado por el bando nacional en materia cultural. A partir de aquí, distinguimos tres vertientes de investigación fundamentales. La primera tiene como protagonista el estudio de las bibliotecas durante el conflicto, de la que son claros exponentes la exposición Biblioteca en guerra, dirigida por Blanca Calvo y Ramón Salaberría en el año 2005, o la tesis de Marta Torres sobre la biblioteca de la Universidad Central. La segunda se engloba dentro de la historia institucional, siendo reseñables el inventario del fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museo debido a Pérez Boyero, o distintas aproximaciones a la historia del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, bien desde el punto de vista colectivo o individual. La tercera se dirige a profundizar sobre la represión cultural, de la que son importantes manifestaciones la obra de Ana Martínez Rus sobre la persecución del libro y de la edición durante la guerra civil y el franquismo, las publicaciones de la revista Represura o los estudios sobre la depuración de bibliotecas escolares.